La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido
en una estrategia empresarial que aporta a la competitividad de las compañías, esto
tomando como base el firme cumplimiento de la ley e invirtiendo en el
relacionamiento comunitario con los grupos de interés (stakeholders) que las empresas poseen, creando un
vínculo con su comunidad, gobierno, proveedores, clientes, colaboradores y
otros actores que tienen incidencia en las operaciones de la empresa. Parte del
trabajo de la RSE consiste en aportar al desarrollo de sus stakeholders y dentro de esta estrategia, están
las inversiones socialmente responsables que entre otros objetivos, está el
aporte a la legitimidad de la operación de la empresa, mejorando su imagen
corporativa así como las relaciones empresa-comunidad.
El término inversiones socialmente responsables ha tomado mayor
importancia en los últimos años junto con el creciente interés en el desarrollo
sostenible y la RSE. En este sentido,
para ser eficientes en la inversión de recursos de una empresa para un proyecto
social, se requiere de un conocimiento o
una visión que relacione la labor de dicha organización con el desarrollo
sostenible, de lo contrario, se corre el riesgo que en lugar de tener un
impacto positivo con esta inversión, puede tener un reconocimiento nulo por
parte de los stakeholders e inclusive, llegar a tener un
impacto negativo. Por esa razón, las inversiones comunitarias deben de ser
estratégicas y no discrecionales o clientelares.
Una inversión comunitaria estratégica es una inversión como
cualquier otra que la empresa puede tener, por ello, el que no tenga los
resultados esperados representa sin duda un gasto fuerte para las organizaciones. Así pues, diferentes organizaciones
internacionales, incluyendo el Banco Mundial por medio de la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), han identificado que
cuando esto sucede, muchos accionistas y/o gerentes pueden llegar a sacar
conclusiones como las siguientes:
-
“Gastamos
mucho dinero pero las relaciones con las comunidades no mejoran (y a veces
incluso empeoran)”- “Nuestro programa de inversión comunitaria se ha convertido en una fuente de conflicto entre las comunidades”
- “Los diferentes stakeholders dependen de nosotros”
- “Los proyectos de infraestructura que hemos desarrollado se encuentran abandonados y sin uso”
- “Hay innumerables solicitudes de las comunidades, ¿Cómo les podemos decir que no?”
- “Nos movemos en muchas direcciones diferentes”
- “Hemos tenido que asumir el rol del gobierno”
- “Nuestro programa de inversión comunitaria tiene poco que ver con nuestra actividad principal”
- “Estamos haciendo todas estas cosas por la comunidad, pero nadie nos da crédito”
- “Al final, hemos obtenido pocos resultados, considerando todo los recursos que hemos gastado”
Por ello, han sugerido una ruta que consiste en una serie de
“buenas prácticas” para la inversión comunitaria estratégica, las cuales no
significan una “fórmula mágica” para el éxito de todos los proyectos, pero dan
una visión de cómo promover el desarrollo local y beneficiar a los stakeholders principales, canalizando sus
expectativas y ayudando a las compañías a obtener una licencia social para
operar, a tener acceso a determinado territorio, a reducir los riesgos del
proyecto y los riesgos de la reputación, cumpliendo con requisitos de gobierno
o estándares internacionales.
De tal manera, estas buenas prácticas recomiendan que con el
fin de mejorar las relaciones de una empresa con sus stakeholders por medio de una inversión
socialmente responsable y efectiva, la inversión comunitaria estratégica debe
en sus cimientos ser:- Estratégica: Con objetivos, recursos y metas bien definidas
- Alineada: A las comunidades de interés, gobierno y sociedad civil creando “valor compartido”
- Orientada a múltiples actores claves: Empoderando a la población que debe promover su propio desarrollo sin responsabilizar del mismo a las empresas, así como a los gobiernos locales quienes definirán el logro de sus metas y aspiraciones de desarrollo, a través de procesos participativos de planificación y de toma de decisiones.
- Sostenible: Evitando la dependencia a la empresa, incentivando la autonomía local y creando beneficios a largo plazo que perduren una vez que concluya el apoyo de la empresa. El proyecto de inversión no debe iniciar sus actividades sin contar con una estrategia viable de salida o transferencia y debe priorizar sus objetivos en el desarrollo de capacidades, en procesos participativos y en el desarrollo organizacional.
- Medible: Debe medir los beneficios de la inversión en la comunidad utilizando indicadores de resultado y de impacto, usando métodos participativos de evaluación y monitoreo apoyados en el “valor compartido” y así, comunicar proactivamente el valor que genera la inversión comunitaria a los públicos internos y externos de la empresa.
Cuando una empresa ha definido su argumento estratégico, su
visión y misión, así como las competencias y los recursos que puede ofrecer
para apoyar el desarrollo comunitario, el siguiente paso es entender el
contexto local al que está entrando y las implicaciones para la inversión en la
comunidad. Existen múltiples variables que
se necesitan comprender antes que una
empresa se comprometa con los actores locales en la inversión en la comunidad;
estas pueden variar desde los legados históricos, situación de conflictos,
élites en el poder, cuestiones relacionadas a temas de género, al buen gobierno
local o la disponibilidad de socios locales capacitados.
La identificación de los principales stakeholders asegura que la inversión comunitaria
sea estratégica y ayudará a la empresa a responder a los riesgos sociales
específicos del lugar, al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades para
tener un impacto positivo en sus áreas de operación.
Por otro lado, las necesidades de proyectos de inversión
estratégica en las comunidades pueden ser diversas y en algunas ocasiones al
ojo de los inversionistas, obvias. Sin embargo, por obvio que pueda parecer, la
manera de gestionarlo es la parte medular de esta inversión. Podemos sacar
conclusiones que construyendo o remodelando escuelas vamos a ayudar a la
educación, construyendo y/o equipando un hospital vamos a ayudar a la salud,
pero existen aristas que podrían hacer que la inversión no dé los frutos
esperados. Por ejemplo, si construimos un hospital, ¿Quién será el encargado de
proveer el equipo y sus costos de operación? Si será un hospital nacional, ¿El
gobierno asignará recursos para su operación? Si es privado, ¿Hasta cuándo
asumirá la empresa inversora los costos de operación?
La participación ciudadana y el fortalecimiento del capital
social es clave para el éxito de una inversión comunitaria estratégica, por lo
que es fundamental que la empresa brinde apoyo y facilite un proceso de
planificación de la comunidad. Esta planificación es un medio para unir a las
personas para que definan una visión colectiva y se pongan de acuerdo sobre un
conjunto de áreas o intervenciones prioritarias, las cuales se convertirán en
su plan de acción para el desarrollo. Los procesos participativos son una de
las mejores maneras para lograr la intervención y apropiación de los actores
clave; estos procesos pueden contribuir a lo largo de todo el ciclo de la
inversión comunitaria: desde la planificación, evaluación, visión y establecimiento
de prioridades hasta el diseño, implementación y supervisión del proyecto.
Es importante enfocarse en la calidad de dicha participación,
ya que ayuda a sentar las bases de respeto mutuo y la confianza que influirá en
todos los aspectos de las relaciones futuras entre empresa y comunidad,
incluyendo la inversión comunitaria. La apropiación del proyecto por parte de
la comunidad es fundamental, ya que si no hay un reconocimiento y sentido de
pertenencia del proyecto por parte de la comunidad, se corre el peligro de
construir “elefantes blancos” que en muchas ocasiones, se quedan como un
monumento a la imposición de las empresas y son incluso focos de
conflictividad. Así pues, una participación ciudadana mal manejada puede
significar “darse un tiro en la propia pierna” para quien promueve un proyecto
comunitario.
Por su parte, el desarrollo se puede definir con base en la
suma de esfuerzos para fortalecer el capital social y el capital humano,
comprendiendo que el capital social lo conforma la sociedad civil,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y las instituciones de gobierno que
en conjunto buscan un fin en común, que es el desarrollo de una comunidad en un
área geográfica específica.
En este sentido, desarrollar capital humano y social es
básico para la inversión comunitaria estratégica porque aprovecha y multiplica
el impacto de los recursos de la inversión fortaleciendo a las organizaciones
locales aliadas, promoviendo la autosuficiencia y aumentando la probabilidad de
éxito del proyecto.
Así pues, invertir en capital humano es básico a su vez para
la inversión comunitaria estratégica; es importante comprender que desarrollar
capacidades puede significar una estrategia de sostenibilidad y de salida
unidas en una misma. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), “el fortalecimiento de capacidades es el proceso
a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades obtienen,
fortalecen o mantienen las capacidades para establecer y lograr sus propios
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”. Dichas capacidades pueden ser
técnicas, funcionales o de comportamiento, pueden pasar de generación en
generación, creando una cultura definida y significando conocimientos que
contribuyan a los medios de subsistencia familiar digna de una comunidad, la
cual cada vez dependerá menos de ayudas filantrópicas de gobierno o de las
empresas.
De tal manera, podemos afirmar que la manera más eficaz de
hacer una inversión socialmente responsable exitosa es por medio del
establecimiento previo de presupuestos, objetivos claros y estrategias de
salida; todo esto contando con la participación ciudadana adecuada, quienes apoyarán
en el establecimiento de las necesidades más urgentes de la comunidad,
interviniendo las instituciones de gobierno, ONG´s y empresas en un claro
ejercicio ciudadano de “valor compartido” que empodere a las comunidades
apropiándose del proyecto y ayudando a las necesidades materiales de la
población, constituyendo una oportunidad de legitimización de las empresas en
sus áreas de interés.