Como sociedad debemos de procurar certeza política y jurídica, contar con una población lista para enfrentar los retos económicos y sociales del Siglo XXI, dejando atrás prácticas generadoras de conflictos que en su mayoría, podrían caer en tendencias ideológicas y/o doctrinales que representan ingresos muy rentables a sus líderes defensores y pobreza a sus seguidores que en su mayoría, son miembros del sector más vulnerable de la sociedad.
Entonces, ¿De quién es la responsabilidad del desarrollo
social? Sin duda, como función principal, no es del Estado, ni del sector privado
y mucho menos de las ONG; sino de los propios miembros de la sociedad, o sea,
de ¡nosotros mismos! Definitivamente a nadie se le puede obligar a realizar
acciones que representen oportunidades para sí mismos o sus familias, cada
quien debemos de tener la libertad de elegir nuestro camino y la forma de
transitar el mismo.
El papel del Estado debe ser proveer de seguridad, salud,
educación y condiciones idóneas para inversión y generación de empleo, el de
las ONG es representar un puente entre la sociedad y las diferentes
instituciones funcionales de gobierno y sector privado y por último la
iniciativa privada, cuyo papel debe ser generar utilidades con base a un
compromiso firme de respeto a la ley y a las personas, invirtiendo de manera
responsable generando valor humano, económico y material, siendo socios del
desarrollo sostenible en las regiones donde opera.
Así pues, a la
iniciativa privada no le corresponde resolver todos los problemas sociales y
económicos de un país –como pareciera ser la idea generalizada de muchos-. Sin
embargo sí le es posible conducir sus actividades de tal manera que tengan un
impacto positivo en la sociedad (más allá del pago de impuestos, generación de riqueza y empleo) y al mismo
tiempo puede aumentar su rentabilidad. Las empresas responsables pueden ofrecer soluciones
sostenibles a problemas socioeconómicos, contribuyendo a la reducción de la
pobreza, ayudando a la población a mejorar su acceso a bienes y servicios,
empleos de calidad, nuevas oportunidades de actividades económicas que generen
autoempleo y pueden contribuir a generar cadenas de valor responsables.
Las empresas cuentan con la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), cuyas actividades de carácter eminentemente voluntarias
pueden aportar directamente al desarrollo social de las regiones donde operan
las empresas que la practican, legitimando su presencia y a la vez construyendo
capacidades a sus grupos de interés (stakeholders), los cuales en cualquier
momento podrán ser sus propios proveedores, colaboradores, clientes y hasta
defensores. Entre las estrategias de RSE se puede destacar el “empoderamiento social”, proceso por el cual las personas pueden tener la oportunidad de fortalecer sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven. El empoderamiento de los grupos de interés fortalece los poderes de la sociedad civil en el manejo de sus propios asuntos y aumenta la intervención privada por medio de la RSE.
Las empresas en vez de caer en los mismos vicios
filantrópicos cortoplacistas que muchos gobiernos practican, deben enfocar sus
acciones de RSE en ofrecer capacitación y asistencia técnica a sus grupos de
interés. Este es un proceso cuyos resultados se verán a largo plazo, pero con
un alto grado de impacto entre sus beneficiarios y la empresa misma,
construyendo un perfecto ejemplo de una relación “ganar-ganar”.
Los temas de capacitación pueden ser diversos, empezando por los
procesos de capacitación para la autogestión comunitaria, los cuales deben
elevar el nivel de conocimientos sobre la realidad en la que interactúan las
comunidades y sus miembros, desarrollar destrezas en el manejo de las
herramientas de organización, investigación, planificación, negociación,
gerencia y administración. Deben,
finalmente, propiciar un cambio en el comportamiento de las personas sobre los
problemas que les afectan y su participación en las soluciones.
El tema de apoyo en gobernanza es vital, ya que las
capacitaciones pueden ayudar a las autoridades locales a conocer sus
responsabilidades y obligaciones hacia su comunidad, consolidando el proceso democrático y
participativo entre los miembros de la comunidad y sus distintas formas de
organización comunitaria, mejorando la capacidad de gestión para la obtención y
mejoramiento de la calidad de servicios básicos y sociales.
El empoderamiento de la mujer es muy importante, sobre todo
en las áreas rurales, lo que ayudará a reforzar su autoestima como mujer y
sobre todo, capacitarlas en temas desde salud, nutrición y estimulación
oportuna a sus hijos, futuros miembros activos de su comunidad.
La capacitación en el área productiva es vital en una
sociedad con el fin de calificar a la
mano de obra de la población económicamente activa de la comunidad e
implementar proyectos de producción y comercialización de bienes y servicios
individuales, familiares, cooperativos o asociativos.
Las empresas pueden tomar un papel en la sociedad de agentes
de cambio, promoviendo la construcción de capacidades por medio de sus
estrategias de RSE, lo que significará en asegurar mano de obra calificada y saludable
que acepta sus operaciones y por último pero definitivamente no menos
importante, la posibilidad de crear una imagen de marca fuerte y amigable, que
redunde en legitimidad, rentabilidad y aumento de ventas.
De tal manera, se puede decir que el mejor programa social no
es simplemente dar empleos, a diferencia de lo que el Sr. Reagan afirmó, aunque
claro, es una parte importantísima del desarrollo de una sociedad, pero en este
contexto y al analizar todas las aristas, podríamos decir más bien que el mejor
programa social es la construcción de capacidades en una sociedad en donde
también se construyen oportunidades, lo que hará que tanto el Estado,
instituciones multilaterales, ONG´s e iniciativa privada cuenten con personal
capacitado para sus puestos de trabajo, un mercado económicamente más fuerte y
atractivo a inversión nacional e internacional, una sociedad más saludable que
evite pérdidas humanas y costos altos de salud pública, una sociedad que no
dependa de un solo modelo productivo (agricultura por ejemplo) y una sociedad
democráticamente activa y vigilante de sus instituciones entre muchos otros.
