La falta de certeza
jurídica en Guatemala representa el mayor obstáculo para la inversión en el
país, tanto para las empresas ya operando y aún más para las que están
considerando a Guatemala como una opción para invertir. Esta realidad pone en riesgo oportunidades de
desarrollo para los jóvenes guatemaltecos que hoy sueñan con un futuro próspero
en un país con opciones para buscar su propio desarrollo; hoy día, esa posibilidad
de elección se ha reducido a “conformarse” con encontrar una actividad
económica que le ayude a sobrevivir e incluso celebrar tener “aunque sea para
los frijolitos”, aspirando únicamente a satisfacer las necesidades básicas de
hoy y esperando que mañana sea mejor.
Es un hecho y es
totalmente legítimo que las empresas buscan operar un lugar en donde puedan ser
rentables en un marco de Estado de Derecho, en donde se apliquen objetivamente
las normas y bajo estas condiciones, generar empleo, incrementar la actividad
económica de sus áreas de influencia directa e indirecta, construir y
fortalecer capacidades tanto en sus colaboradores como en sus grupos de interés,
etc. En general, los buenos
guatemaltecos no necesitamos esperar ayudas especiales, programas clientelares
del gobierno ni depender de terceros para nuestro desarrollo; lo que realmente
necesitamos es tener las herramientas para poder emprender nuestros propios
negocios u optar a puestos de trabajo dignos mediante la competitividad, es
decir, teniendo las capacidades para realizarlo de manera eficientemente,
generando productos y servicios de calidad, que con su comercialización hagan
próspera a su empresa así como a sus propias familias y al país.
Contrario a lo que
muchos que se enfrascan en discusiones ideológicas defienden, las empresas y no
el gobierno, son los medios de generación de ingresos. Es un hecho que el financiamiento
del Estado depende en gran medida de los impuestos derivados de las actividades
económicas privadas. Por ende, si no
somos un país atractivo para la inversión, no habrá oportunidades para generar
ingresos individuales ni para el Estado, en consecuencia no habrá capacidad de
compra de productos y servicios y tampoco habrá presupuesto para proyectos de
desarrollo de salud, educación, infraestructura; es decir, sin inversión no
hay desarrollo, así de simple y sencillo. La historia ha probado que los gobiernos no tienen
capacidad de generar y administrar proyectos productivos, allí está el caso de
Venezuela, que a pesar de ser inmensamente rica en sus recursos petroleros, la
incapacidad de la sociedad de generar
recursos debido a políticas de Estado intervencionistas, han hecho que la
pobreza aceche a su población, sufriendo desabastecimiento de productos básicos
y están sumidos en una crisis nacional.
Otra arista de esta
falta de certeza jurídica es la falta de acción sobre organizaciones que
flagrantemente roban servicios y luego los venden (aunque ellos aseguran que
no) convirtiéndose en competencia incluso contra quienes les han robado, suena increíble ¿no? y
a pesar de tener muchas demandas, se dan el lujo de manifestar solicitando la
nacionalización de dichos servicios y el problema no es nada más el descaro de
sus peticiones, sino que encima, con estas recurrentes manifestaciones
entorpecen y hasta paralizan la actividad productiva del país generando
millones de quetzales en pérdidas y aun así, no son perseguidas penalmente.
Es importante que
entendamos el hecho que ahuyentando la IED estamos atentando directamente sobre
la Sostenibilidad de Guatemala, pues si la Sostenibilidad se basa en asegurar
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro, las futuras
generaciones corren un grave peligro de verse atrapadas entre no contar con los
medios para satisfacer sus propias necesidades y luego, porque dependerán de un
Estado que tampoco va a tener como apoyarles, y eso, es preocupante. Aparte,
con las acciones que como país estamos realizando hoy, es probable que las
nuevas generaciones terminen pagando mañana con sus propios impuestos, las
demandas en cortes internacionales que
las empresas pueden hacer en contra de nuestro país, debido a la propia falta
de certeza jurídica que hoy estamos viviendo y los millones de dólares en
pérdidas que esto significa a cualquier tipo de proyecto.
Convertir a nuestro
país en un modelo de inversión y un caso de éxito en materia económica y de
desarrollo social no recae sólo en las instituciones de Estado, también es
responsabilidad de la sociedad civil y la iniciativa privada. Este modelo podría plantearse como promover /
garantizar instituir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La creación
de una política de RSE debe responder a los planteamientos de sus grupos de
interés, los cuales incluyen individuos (inversionistas, colaboradores,
proveedores, etc.), agrupaciones comunitarias, ONG´s, sindicatos, instituciones
públicas, etc., fomentando el diálogo, garantizando el respeto a los recursos,
cultura y Derechos Humanos así como el impacto en la sociedad, el cual puede
ser positivo para todos, creando un vínculo entre sus grupos de interés y al
mismo tiempo satisfaciendo sus diferentes necesidades.
La información es
poder y utilizada de una manera positiva es invencible. Con una población
correctamente informada y sensibilizada acerca del impacto que la operación de una
empresa puede tener, es posible promover un ejercicio de participación
ciudadana que junto con las instituciones públicas empodere a las personas a
ser garantes de la operación responsable y al mismo tiempo evite que sean
engañadas por instituciones y personajes que viven muy bien del conflicto que
generan con la desinformación y que a pesar que se venden como los “salvadores” de los pueblos,
no tienen ningún interés por su prójimo, al contrario, son un cáncer para el desarrollo
de todo un país.
En este interés de
ser garantes de la operación sostenible, las empresas que no practiquen la RSE
como es debido, cuando sus acciones negativas sean probadas en un proceso legal
justo, deben ser suspendidas y/o expulsadas del país. Garantizando la rentabilidad de los
proyectos, Guatemala será atractiva para invertir, y garantizando la operación
responsable, ganamos todos.
No debemos de dejar
de pelear por Guatemala, más bien debemos de estar conscientes de la situación
que atraviesa, involucrarnos y trabajar de manera conjunta para convertirla en
un país “sexy” para la inversión
extranjera directa y para garantizar que dicha inversión se haga de manera
sostenible, responsable y efectiva. Así
es como “remontaremos este juego” en el que somos locales y que aunque hemos
cometido una serie de errores de campo que nos tienen abajo en la pizarra y
estamos en el último inning...¡todavía
queda una oportunidad más para batear! y como diría Abdón: ¡Hasta el último out se habla!
