¡Como que ya va siendo hora que nos empecemos a preocupar!

Es hora que en Guatemala nos preocupemos por hacer algo por la situación social, económica y política del país, ya que más bien pareciera que nos esforzamos por hundirnos en una crisis cada vez más compleja y difícil de superar.  Este involucramiento nos inmiscuye a todos, pues muchas veces no pasamos de reaccionar en redes sociales (muchas veces sin fundamento) o de una plática y crítica de sobremesa, pero ¿y después? no pasa nada y el país sigue su terrible rumbo...

Entre el estira y encoje y los señalamientos entre y dentro de las instituciones de Gobierno ha sido la realidad del país por años, pero, (obviamente sin sugerir que las “aceptemos como normales”) aquí cabe mencionar que sin duda también es real que “Las penas con pan son menos”; el desarrollo económico es indispensable en un país que anualmente necesita incorporar a la población económicamente activa a más de 200,000 graduados de diversificado más los miles que no logran graduarse, todos buscando un trabajo que les brinde estabilidad económica, el cual, muchas veces no llega, por lo que o se quedan como “NINI” (Ni trabajo Ni estudio) o se van a la economía informal (tristemente denominándolos “emprendedores” cuando lo que hacen es subsistir) que muchas veces fomenta la piratería, el contrabando y otros que impactan a la economía nacional debido al daño que hacen a las industrias y comercios establecidos formalmente y que por ende pagan impuestos, salarios y generan ingresos mediante la inversión.

Pero, a pesar que la oferta de trabajo no equipara a la demanda, nuestra lucha parece ser para no prosperar, cerrando oportunidades legítimas de desarrollo; si no lo creen pregúntenles a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes por más de 200 días y de millones de quetzales en pérdidas para el país tienen suspendida la operación de Minera San Rafael, un caso lamentable que se puede resumir así:

·         El Ministerio de Energía y Minas (MEM) fue demandado por no realizar una consulta comunitaria a los pueblos indígenas de la región bajo el marco del convenio 169 de OIT. El MEM argumenta que no se hizo pues según el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la cantidad de indígenas en San Rafael las Flores, Santa Rosa, en donde se encuentra la mina es menor al 3%.
·         Junio 2017. Se organiza en el municipio de Casillas un bloqueo ilegal (Hay que resaltar que la población de San Rafael las Flores no ha apoyado estas manifestaciones de manera activa)  apoyado por  actores políticos de la región, ONG´s “ambientalistas”, integrantes de la iglesia católica local, comités campesinos con intereses sobre la energía eléctrica, entre otros. Los manifestantes impiden el transporte de suministros hacia la mina, incluyendo combustible, el cual es utilizado para acciones de mitigación ambiental que son parte de los compromisos legales de la Mina con el MARN.  Cabe mencionar que en este bloqueo, que constituye un fragante atropello al artículo 26 de la Constitución del país, la libertad de locomoción, el gobierno no ha reaccionado y el bloqueo lleva ya más de 8 meses.
·         Julio 2017: Aunque la demanda es hacia el MEM, se ordena a Minera San Rafael suspenda sus operaciones, siendo que en todo caso, la empresa no era la responsable de hacer la consulta, sino el MEM.
·         La economía de San Rafael las Flores se ve afectada directa y significativamente pues colaboradores y proveedores que consumían bienes y servicios (comida, hospedaje, talleres mecánicos, gasolina, medicina), ya no lo hacen, obligando a cerrar varios negocios o a despedir parte del personal; de igual manera, las operaciones de la municipalidad han sufrido significativamente pues no ha recibido regalías por lo que peligran contratos de apoyo a la educación del municipio así como proyectos de infraestructura rural.  
·         Septiembre 2017: dos meses después la Corte Suprema de Justicia dictamina que se debe realizar la consulta comunitaria en un plazo de un año, permitiendo a la mina operar en este tiempo.  Inmediatamente se realizó una apelación a la Corte de Constitucionalidad.
·         Enero 2018. Siete meses después del paro de operaciones y sin expectativas concretas sobre el dictamen de la CC, Minera San Rafael despide a 250 colaboradores, dejando en peligro 750 puestos de trabajo más, la mayoría de ellos guatemaltecos pobladores del área, por ello, debido a que no hay un empleador parecido en el área, prácticamente se les condena a buscar oportunidades en Estados Unidos o regresar forzosamente al azadón. Además, 3,000 empleos indirectos fueron perdidos gracias a esta situación.
·         En enero de 2018 se destituye al superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) supuestamente por no llegar a la meta anual de recaudación, situación que él mismo explicó era atribuida a la falta de ingresos por impuestos derivado al cierre de Minera San Rafael.
·         Febrero 2018. A pesar que hay un precedente sobre el mismo tema (Hidroeléctrica OXEC, 2017), los Magistrados llevan más de 100 días sin dictaminar sobre el caso por lo que la suspensión de más de 7 meses continua de forma indefinida.
·         La Cámara de Comercio Americana (AMCHAM por sus siglas en inglés) ha advertido una potencial demanda al país por daños y perjuicios por parte de la casa matriz de la minera.
·         La industria minera ha sido satanizada en Guatemala, se ha creado una campaña de desprestigio y mentiras alrededor de la mina, sobre todo en la región donde opera, pero que hoy en día con la disponibilidad de las redes fácilmente se vuelve nacional y hasta internacional.  Se dice que contamina lo cual nunca ha sido probado, al contrario, ha participado directamente en recuperación forestal del municipio entre otras iniciativas ambientales. Se difunde que “sólo deja el 1%” de regalías y el resto del dinero se va de Guatemala, cuando la verdad es que efectivamente paga el 1% que la ley establece pero voluntariamente aporta en realidad el 5.5% de regalías y se ha determinado que más del 70% del dinero se queda en Guatemala en conceptos de impuestos, salarios, cuotas patronales, compras locales para su operación y los que subsecuentemente sus proveedores pagan, entre otros.

Y lo peor… este caso no es único, existe un ataque sistemático en contra de proyectos similares: hidroeléctricas, plantaciones de palma africana, telecomunicaciones, que incluyen desde amenazas hasta destrucción de la propiedad, secuestros de fincas y de personas y otros, pero ante todo esto, la mayoría de nosotros no hacemos nada más que observar y alguno que otro opinar, y es que “según nosotros”, no nos afecta.

¡Claro que nos afecta! Es un hecho que la falta de certeza jurídica, falta de reglas claras y de acción por parte del Estado para detener el deterioro de la infraestructura ha desembocado en la  disminución en inversiones. Las sentencias y/o falta de las mismas por parte de las Cortes han mandado un mensaje muy negativo a los inversionistas internacionales, lo cual se puede constatar con el comportamiento de los índices de competitividad del país que reflejan los bajos niveles de crecimiento económico, de generación de empleo e inversión, la dificultad que enfrentan las empresas de disponer libremente de los beneficios de sus operaciones en el mediano plazo,  y la inseguridad jurídica, física y sobre la propiedad de sus inversiones. A este ritmo, las empresas desconfiarán de invertir en el país, las oportunidades migrarán a países que sí ofrezcan certeza y menor riesgo a la inversión, así de sencillo.  Resumiendo: menos oportunidades/garantías = menos inversión = menos plazas de trabajo = menos impuestos = menos presupuesto para inversión = más inseguridad y violencia y definitivamente, menos paz. 

Albert Einstein decía que “la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” y Guatemala es reflejo de esto, creemos que no nos afectará nada o “al menos no directamente”, pero esta situación es un auténtico boomerang que nos golpeará sin siquiera haberlo visto... y ¿Entonces qué haremos? ¿Organizar manifestaciones?

El cambio no está en llenar la plaza manifestando nuestro repudio como una medida de reacción (sin deslegitimizar las manifestaciones de 2015 que sin duda fueron un gran paso hacia adelante en la lucha por el país que todos queremos); pero ¿No sería lo ideal que no haya necesidad de llenar la plaza periódicamente?  En vez de reaccionar debemos de prevenir llegar al punto de crisis, debemos ser garantes del respeto hacia nuestros Derechos, de nuestra libertad y convertir este país en fuente de inversión extranjera directa y fortalecer la institucionalidad que en países avanzados, es su principal bastión de desarrollo.

¿Cómo empezar? Pues puede ser formando parte de nuestros Comités Únicos de Barrio, directivas de condominio, COCODE, ONG´s, grupos religiosos con visión social, partidos políticos, etc. y así poco a poco dar nuestro grano de arena para cambiar de raíz el rumbo del país. En materia de iniciativa privada debemos exigir a las empresas (sin importar su tamaño) estrategias sociales, económicas y ambientales  en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y formemos parte de grupos garantes que en un ejercicio de participación ciudadana velemos por el cuidado del medio ambiente, el respeto y apego a la ley y a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos por parte de las empresas, procurando que existan empresas respetuosas a la cultura e identidad de las personas de su área de influencia directa pero sin olvidar que estar empresas son un negocio para sus dueños, por lo que debemos velar también porque sean empresas rentables para que se vuelvan ejemplos en la comunidad internacional y así volver a Guatemala en un país con oportunidades de beneficio tanto para el inversionista como para la sociedad.

Participemos de una forma activa en nuestro pedacito de mundo, ya que si no lo hacemos y dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros, ¡es hora que nos empecemos a preocupar!

Ad Hominem y el linchamiento público del Siglo XXI

Entendiendo las redes sociales como una estructura compuesta por personas, quienes conectadas por uno o varios vínculos es un hecho que en el siglo XXI han cambiado al mundo convirtiéndolo en una madeja interconectada permitiéndonos conectarnos con amigos, colegas, familiares, otras personas con intereses similares, encontrar pareja sentimental, etc., pero hoy día, sirven más como una herramienta de comunicación permitiendo difundir y divulgar de manera inmediata información acerca de eventos de interés común que pueden ir desde conciertos, ofertas, eventos de caridad, etc., hasta noticias de interés mundial como ataques terroristas, desastres naturales, resultados de elecciones presidenciales, eventos deportivos, entre otros.

Así pues, es innegable que las redes sociales han sido una herramienta fundamental de mercadeo para comunicar e interactuar con el público objetivo y esperar ser influencia para cambiar hábitos, conductas y formación de opinión.

Un ejemplo de lo anterior y del poder de las redes es el movimiento pacífico que surgió en Guatemala en 2015, con el fin de pedir rendición de cuentas y la destitución de la pareja presidencial en turno, llevándolos meses después a renunciar a sus cargos y concluyendo en su captura siendo llevados a la cárcel para esperar juicio en su contra por casos de corrupción, todo esto organizado y divulgado por medio de redes sociales.  

En el otro extremo, dada la facilidad de divulgación de información mediante las redes sociales y la dificultad para verificar su veracidad, estas también han evidenciado que utilizándolas con fines espurios, son una plataforma que ha facilitado a depredadores sexuales, estafadores y líderes negativos a sembrar odio y formar opinión negativa a una población que por desconocimiento, ingenuidad u otro en muchos casos es fácil de manipular.

Así pues, las redes sociales se pueden considerar una plataforma para el ejercicio puro de la libertad de expresión, cada persona puede externar su opinión acerca de lo que sea y tener la oportunidad de interactuar con otras personas y/u organizaciones... Es aquí en donde yace un problema, porque las redes sociales dan fe que “una mentira repetida mil veces, se convierte en una verdad”.

Lo anterior obviamente representa un riesgo pues mediante una cadena de “clics” cualquier información puede llegar a ser difundida de forma masiva sin necesidad de pasar el filtro de la validación de su veracidad.  Lamentablemente, esto no se limita únicamente a la desilusión que a un fanático le pueda provocar la falsa noticia del rompimiento de su pareja favorita de famosos o el embarazo de la estrella de cine del momento, porque en estos casos, aunque haya llegado a ser “trending topic”, el tiempo se encarga de presentar la verdad; el riesgo es el impacto de todas esas falsas noticias, incluso maliciosas que se difunden igual de rápido pero que para conocer la verdad no es tan sencillo como “esperar a ver si le crece la panza” y es que incluso si esa verdad llega a tener oportunidad de salir a luz, muchas veces el daño ya está hecho.

¿A qué me refiero? Pues el ejemplo son muchas organizaciones que actuando sin ética, mediante las redes sociales siembran y difunden información falsa e ideas convenientes a sus intereses (económicos y políticos) en una población a quienes ellos mismos los catalogan como “tontos funcionales”, quienes con índices educativos y socioeconómicos generalmente bajos son fácilmente manipulables por discursos que avivan un resentimiento social.  Es así, que estas luchas, que por supuesto, no pelean los dirigentes de estas organizaciones de “interés social o ambientalista” sino aquellos que debido a su desconocimiento son embaucados a “defenderse” aunque no tengan claro de qué o de quién, junto con un Estado débil incapaz de promover un Estado de Derecho, deriva en una situación de ingobernabilidad tal y como en Guatemala se está viviendo en estos momentos, provocando un clima de zozobra, falta de certeza jurídica y un clima de inversión adverso; lo que significa un cultivo idóneo para el subdesarrollo, la falta de oportunidades y paz en general… y esto es lo que no se arregla incluso cuando la verdad salga a la luz porque el daño ya está hecho.

Las redes sociales utilizadas de manera perversa pueden ser muy perjudiciales hasta para un país. En Guatemala existen organizaciones que instigan y promueven a las personas para mantener conflictos sociales inútiles y grandemente perjudiciales para todos, (menos para ellos pues los conflictos les son muy rentables por no decir que de ellos se mantienen).  ¿Cómo lo logran? Pues el uso de teléfonos móviles se ha vuelto parte de la vida de las personas por lo que la comunicación es hoy mucho más fluida, en Guatemala hay más de 1 teléfono por habitante, por lo que por lo menos una persona de la comunidad puede tener acceso a redes sociales e influirá a sus pares.  Incluso, en la realidad de muchas comunidades de Guatemala, si tiene acceso a pagar redes sociales, es posiblemente que también sea de los pobladores que más dinero produzca y por ende, será de los de mayor influencia en la comunidad.

Se ha dicho ya que hay líderes negativos que promueven el conflicto por medio de sus redes sociales y con mensajes poco éticos, confunden a la población.  Es bien sabido que en algunos casos, estas organizaciones han hecho uso de los servicios de los famosos Netcenters, los cuales se dedican a defender o atacar ideas o productos (dependiendo de los intereses de quien les paga) practicando  a la mejor usanza el Ad Hominem, que prácticamente es atacar a una persona u organización para desacreditarla, en vez de refutar sus ideas con propiedad.  Así pues, si alguien no está de acuerdo con lo que se defiende hay dos caminos, el Ad Hominem, linchando pública y ferozmente a quienes no comparten sus ideas o eliminando los mensajes que los refutan y entonces, todo indica que el apoyo es absoluto, lo cual les interesa y les conviene ya que pueden argumentar con sus financistas (en su mayoría extranjeros) que la lucha está presente y a su favor. Este financiamiento no se ve en acciones que ellos se supone defienden, se ve en el área de conflicto y en sus cuentas bancarias. Hay casos que hasta con orgullo lucen sus posesiones e inmuebles adquiridos con este tipo de financiamiento y sus mismos seguidores justifican la adquisición sólo porque consideran que lo merece, así pues, el termómetro de su popularidad se convierte en los likes (me gusta) de sus publicaciones, algo que alimenta sus egos injustamente engrandecidos pero estos son otros temas...  ¿Y funciona ese “si no puedes convencerlos, confúndelos? ¡Claro! Y no, no es nuevo ni exclusivo de las redes sociales del siglo XXI; conozco una historia de hace más de 20 siglos, acerca de un hombre inocente, quien fue condenado a muerte, torturado y ejecutado todo gracias a un grupo de personas que vociferaron calumnias y así lograron que la población escogiera darle muerte a él en vez de a un ladrón y asesino confeso, ¿Le suena familiar? Pues todo esto fue por la influencia de unos cuantos que interpusieron sus intereses personales y aprovecharon la falta de información y criterio de una población específica repitiendo calumnias que dada la desinformación se volvieron la base sobre la cual lo sentenciaron.

Pero, ¿Entonces, cómo se detienen estos conflictos que empiezan en las redes y terminan en las calles? ¿Hay que censurar? No, la solución no es la absurda censura que algunos pretenden imponer, la solución es a largo plazo y se necesita mucho trabajo. La solución está en la formación e información de la población para que conozca la realidad de los hechos, en la instrucción en materia de ética y valores en casa para evitar que se presten a este tipo de situaciones, en la inversión en educación y autoformación de criterio que evitará convertir a la población inocente en un ejército de borregos que terminan convirtiéndose en feroces perros de caza, engañados por unos cuantos y sufridos por unos muchos, en la defensa del Derecho propio sin violentar el Derecho del otro, incluyendo el Derecho que ambos gozan a la libre expresión, a la libre locomoción y al trabajo aunque lo que diga, a donde vaya y en lo que trabaja a mí no me parezca o no me convenga pero tener claro que eso no me autoriza a impedirle que ejerza sus Derechos Constitucionales. ¡No al Ad Hominem, no a la censura y sí al debate de ideas con argumentos y en un clima de respeto!

¿Y si dejamos a la gallina de huevos de oro en paz?

“No, no estás soñando. Es verdad que tenemos una gallina que pone huevos de oro. ¡Piensa en lo ricos que seremos si pone un huevo como éste todos los días! Debemos tratarla muy bien.” (Samaniego, Siglo XVIII)

Guatemala es un país rico, listo para que todos los guatemaltecos podamos forjar un futuro mejor para nuestras familias. Hemos sido bendecidos con riquezas naturales, una posición geográfica estratégica, una historia y legado maya increíble, una cultura milenaria enriquecida por cuatro  etnias dominantes y un clima que favorece a una tierra fértil para su buen uso. Sin duda alguna, los guatemaltecos hemos nacido en una tierra que es una verdadera gallina de huevos de oro; pero la verdad es que a pesar de todo esto, Guatemala está sumida en una crisis económica y social que aleja cada día más a su población de un estadio de paz y desarrollo y por el contrario, vivimos en una sociedad polarizada, sin acceso a oportunidades de progreso recurrentes y enfrentada hasta con la comunidad internacional.

El miedo a que existan crisis y revoluciones no es precisamente la sangre que puede ser  derramada, sino el cambio que significan estas en el “estatus quo” de los grupos que actualmente ostentan el poder. Los guatemaltecos debemos de analizar y comprometernos en hacer cambios radicales, los cuales no deben de ser con base a la violencia sino en el diálogo y auto reflexión, por lo anterior deberíamos de empezar con  hacernos varias preguntas de ¿Y si…?

¿Y si respetamos nuestra institucionalidad? Dejemos que las instituciones de gobierno hagan su trabajo convirtiéndonos en un pueblo garante de transparencia; no manchemos la imagen de manifestaciones históricas y legítimas para pedir cuentas a un gobierno  corrupto y con las que incluso llegamos a ser referencia, modelo y hasta envidia de otros países que sufren también el flagelo de la corrupción. Dejemos de ser manipulados para volver a las plazas y “asustar con el petate del muerto” a un gobierno que nosotros mismos en un acto democrático elegimos. Los tiempos de golpes de Estado deben quedar atrás. Fortalezcamos la institucionalidad con el fin de no necesitar ayuda de la comunidad internacional y al mismo tiempo podamos pedir cuentas a quienes nos han gobernado mal.

¿Y si invertimos en necesidades de mayor impacto y beneficio lo que mal gastamos en protestas ilegítimas? Imaginemos que lo que gastan las organizaciones que erróneamente hemos catalogado como sociales lo invirtieran en educación y fortalecimiento a los maestros, el resultado fuera que nuestros niños tendrían más y mejores herramientas para ganarse la vida de una manera digna sin depender de terceros (sin contar con el daño que estas protestas hacen a la economía e imagen del país); si lo invirtieran en salud tendríamos un país que además de tener gente con mejores condiciones para trabaja,  cuente con un estado de salud ideal, tendría un menor costo en salud curativa; si lo invirtieran en infraestructura, en seguridad, en talleres agrícolas, etc. En sí, hay muchas opciones en las que este presupuesto estaría mejor invertido y vería resultados de mayor beneficio para todos.

¿Y si nos olvidamos que la vía al desarrollo no sólo es por la izquierda o la derecha? Este no es un país de oligarcas y opresores ni tampoco en el que todos somos corruptos. Olvidémonos de una retórica caduca promovida por el lastre de un conflicto armado de más de 35 años. El mundo está caminando por otro lado y no necesariamente es en donde el gobierno es el responsable de la administración de los medios de producción.  La corrupción, la falta de ética y la justicia son ambidiestras, no lo olvidemos.

¿Y si explotamos nuestros recursos naturales de manera responsable? Dejemos a las hidroeléctricas y minas trabajar, eso sí, velando porque lo hagan de manera responsable, siendo garantes comunitarios y gubernamentales sobre sus impactos ambientales y sociales. Es un hecho innegable que estas empresas traen desarrollo a sus áreas de influencia (sobre todo en el área rural, económicamente tan golpeada) y eso está comprobado.  El problema ha sido que también es un hecho que son industrias que manejan mucho dinero, lo que hace que malos líderes se aprovechen buscando desinformar a las comunidades con el fin de cerrar estas empresas y ellos agenciarse de recursos económicos provenientes del exterior. Estos líderes, generalmente dicen estar están en contra del capital extranjero pero no tienen ningún empacho en recibir dinero de otros países para financiar su oposición. Sé de uno que públicamente expresó su admiración de minerales preciosos en edificios y obras de arte de edificios en Europa, en un viaje cuyo fin principal era agenciarse de fondos para protestar en contra de minas en Guatemala (paradójico ¿No?). Antes de externar opiniones, debemos de encontrar pruebas en contra de esta industria, las cuales hasta hoy, en Guatemala no encontrarán. Promovamos el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, eso sí, promovámoslo para lo que fue creado, teniendo claro y respetando que no es un voto ni un veto, algo que por cierto, quienes lo promovieron inicialmente en Guatemala y se valieron de él para justificar muchas de sus “luchas en defensa de otros”, no les terminó gustando ya que tienen que respetar que no es un instrumento para “sacar empresas” del país; en cambio, el convenio 169 incita al dialogo pacífico entre los grupos de interés, el cual promueve la información verídica, la paz, la inversión social y la legitimidad de estas industrias en los lugares en donde existan pueblos indígenas, eso sí, que su existencia sea genuina y no inventada ni “mágicamente” aparecidos a conveniencia de intereses particulares.

¿Y si el gobierno garantiza la existencia de un Estado de Derecho? El gobierno no puede hacerse de la vista gorda cuando en este mismo momento hay  fincas invadidas por pseudos campesinos que en verdad son secuestradores buscando apropiarse ilegalmente de tierras. Y la cuenta no termina ahí, se ha quemado maquinaria de hidroeléctricas, hay bloqueos selectivos y permanentes en carreteras y otra organización campesina de manera fragrante, roba energía eléctrica con la firme intención de la nacionalización del servicio. El Derecho al trabajo, a la vida y a la propiedad privada son inalienables en una sociedad que se quiere decir libre.

¿Y si nuestros líderes de fe se enfocan en fomentar la fe basada en el amor al prójimo? porque al final, esa es la base común de todas las creencias: amar al prójimo, ¿O no?  El amor al prójimo no es promover conflictividad y mucho menos hacerlo “por mandato divino” o “para proteger los bienes celestiales” como lo hacen algunos, que aprovechándose del fervor ciego de muchos, por el contrario promueven el conflicto entre las personas y las empresas Parece ficción, pero no lo es; actualmente en un bloqueo en Guatemala hay un altar erigido a una  Virgen que según ellos “se les apareció”, invitándolos a las personas a no quitar el bloqueo hasta que cierren una mina, y allí están… esperando que la Mina cierre o que la Virgen les de otras instrucciones, lo que pase primero.

¿Y si invertimos en nuestra gente para que no busque oportunidades en otros países? Si tenemos un país con oportunidades, no habrá necesidad que existan tantas familias destruidas por la separación debido a que los padres, madres o los hijos se van a otros países buscando mejores oportunidades; la remesa familiar es una factura cara de pagar para el país exportando a nuestros hermanos para que hagan un trabajo de mano de obra no calificada y no se diga para las personas a quienes esta factura se les vuelve una fractura emocional por una familia que nunca vuelve a ser la misma.

Guatemala no es un país pobre, es un país empobrecido por personas escudadas en instituciones públicas, privadas y ONG´s que de manera espuria han aprovechado nuestra débil institucionalidad, nuestra falta de valores y el bajo nivel de entendimiento de nuestra población (sobre todo rural), convirtiéndolos en “soldados” de un ejército de manifestantes a los que al final, para estos falsos redentores simplemente  significan  un  medio para cumplir sus intereses personales –sobre todo económicos- que por cierto, jamás van de la mano de una paz y progreso, ya que la única manera de satisfacerlos es vivir de un conflicto inútil.

Los falsos líderes cumplen a cabalidad  la triste historia de la gallina de huevos de oro, incitando a una población ávida de oportunidades tal y como el cuento nos dicta: “Es demasiado tiempo, estoy cansado de esperar. Está claro que nuestra gallina tiene dentro muchos huevos de oro. ¡Creo que tendríamos que sacarlos ahora! “, intentando sacar del país funcionarios, empresas y cualquier medio de producción que puede significar los medios reales para ser el país que merecemos: un país rico y con oportunidades bien aprovechadas. Salvemos a nuestra gallina de huevos de oro, ¡Salvemos a nuestra Guate!

Cuando el GANA-GANA de la RSE no puede competir con en el PIERDE-PIERDE en Guatemala

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una estrategia cuya base es el desarrollo sostenible basado en el respeto a la legislación, al medio ambiente y al ser humano. A pesar que muchas de sus tácticas tienen un componente filantrópico, no significa que la empresa que la practica reemplaza las funciones y responsabilidades de las instituciones del Estado, iglesias, ONG´s, etc.

La naturaleza de la RSE es su carácter voluntario por parte de quienes la practican, ayudando a fomentar el desarrollo de su público interno, grupos de interés y comunidades en el área de influencia de las empresas, lo que por supuesto, concluye en legitimar la presencia de la empresa y crear un vínculo positivo  cliente – empresa que repercute en una ventaja comparativa en el mercado. La RSE es una herramienta que vuelve más exitosa a la empresa en términos de rentabilidad.

La inversión social que las empresas practiquen en sus áreas de influencia, debe contener un enfoque holístico para determinar sus acciones –lo que será pieza fundamental para su éxito- y estará basado en la conjunción de prioridades y habilidades de la empresa, intereses de sus colaboradores y necesidades de la comunidad. Al unir estos criterios y trabajarlo junto con representantes de empresa, comunidad y Estado, se creará lo que se llama Valor Compartido, la fórmula perfecta para crear una relación GANA-GANA entre empresas, comunidad y país.

Las empresas que invierten en Guatemala encuentran muchas ventajas tales como su posición geográfica, su cultura y lugares turísticos, puertos en dos océanos, costo de mano de obra barata entre otros; por otro lado, los inversionistas tendrán que lidiar con los alarmantes bajos índices de educación y nutrición de su población (razón de la mano de obra barata), alta tasa de criminalidad y corrupción, mal estado de la red vial, crisis de institucionalidad, una fuerte brecha entre las poblaciones urbanas y rurales en materia de desarrollo y un lastre político y cultural de un conflicto armado que duró 36 años, desventajas que en  conjunto han creado un cultivo de resentimiento, pobreza e ignorancia el cual organizaciones sin escrúpulos han aprovechado para crear un ejército de personas convertidas en borregos obedientes, capaces de parar la actividad productiva y económica de un país sin medir sus consecuencias con actos que según ellos están haciendo por su propio bienestar e incluso, en ocasiones sin siquiera tener claro cuál es su demanda o qué esperan obtener de ella. Todo esto, repercute en una falta de certeza jurídica en un país ávido de inversión para la creación de empleos y combatir la pobreza. ¿Paradójico verdad?

Afortunadamente, existen empresas que a pesar de las desventajas que tenemos como país - que se traducen en riesgos para la inversión, creen e invierten en Guatemala con el fin de generar utilidades, mientras apoyan el desarrollo de sus zonas de influencia creando Valor Compartido por medio de sus estrategias de RSE. Entre estas empresas, muchas han confiado su inversión en zonas rurales del país, promoviendo trabajos dignos y construyendo capacidades a población de zonas que históricamente,  no han tenido oportunidades de desarrollo concretas. Estas empresas pertenecen en su mayoría a las industrias extractiva (minería de metales preciosos, vidrio, níquel, cemento, etc.), agrícola (azúcar, palma africana), generación de energía renovable (parques eólicos) y energía hidráulica (hidroeléctricas). Coincidentemente todas estas industrias han sufrido un ataque sistemático por parte de organizaciones pseudo ambientales y sociales (generalmente operando con financiamiento extranjero proveniente de países y/o empresas competidoras) que se oponen al desarrollo (sin proponer alternativas) presentando siempre el argumento que su interés es por el bienestar social, ambiental, o de preservación de otros derechos de las comunidades en las a las que según ellos defienden. Lamentablemente, dichas organizaciones se valen de la falta de conocimiento de la población, vendiéndoles la idea que están siendo afectados por el proyecto en cuestión y a su vez la población encuentra en la participación en manifestaciones en contra de proyectos de desarrollo, un vehículo para exigir Derechos y librarse de  sus frustraciones, envidias e incluso, en el peor de los casos como es vox populi, un medio para agenciarse de una ínfima suma de dinero que les servirá para la alimentación de su familia por un par de días aún sin saber siquiera qué es lo que defienden, a qué es lo que se oponen y porqué lo están haciendo.

La mayor parte de las organizaciones “sociales” que “luchan” por el Medio Ambiente y “abogan” por la igualdad de Derechos de los más necesitados, no han invertido un solo centavo para generar empleos, para reforestar (considerando que comúnmente colocan los riesgos ambientales como bandera de su denuncia) o en la construcción de capacidades de ningún tipo, lo cual, debería ser parte de la estrategia si su interés es legítimamente el bienestar de la comunidad; por el contrario, generalmente se han dedicado a desinformar a la población, bloquear carreteras y presentar acciones legales frívolas con lo cual han generado en la población  general animadversión a los proyectos de desarrollo y en ocasiones, suspensiones parciales o totales a los mismos, las cuales representan millones de dólares de pérdidas no sólo para las utilidades de las empresas objeto del bloqueo, sino a sus colaboradores, a los beneficiarios de las iniciativas sociales promovidas por las estrategias de RSE de las mismas, a las empresas y negocios locales e internacionales que interactúan y dependen muchas veces de dicha empresa. Es importante tener noción que estos incluyen desde negocios locales pequeños como tiendas de barrio, farmacias, talleres, comedores, pensiones, etc. derivados de las necesidades que la operación genera hasta negocios internacionales que también sufren el  impacto de dichas suspensiones y por ende, el Estado como ente beneficiado por el flujo de efectivo, pago de impuestos que estos negocios representan. Adicionalmente, con ayuda de la facilidad de divulgación de información que actualmente se tiene, han aprovechado para formar una opinión, muchas veces sobre información a medias, en la población urbana, que frecuentemente al verse en una realidad paralela distante a la población rural, consideran que su opinión es la mejor forma de apoyar a la pobreza del interior del país.  Todo esto sin duda, contribuye al cese de operaciones de empresas que si han tomado acción proactiva para la reducción de la pobreza en el país mientras hacen rendir su inversión, porque no hay que olvidar que están buscando el rendimiento de su inversión, no hacer caridad.

Por su parte el Estado, considerando el alto costo político de apoyar a las empresas - que dicho sea de paso, llenan de impuestos y regalías sus arcas- toma una actitud pasiva, tendiendo a nula, para hacer valer los Derechos de las empresas, evitando el uso de su poder coercitivo para respetar las licencias que previamente fueron expedidas por el mismo Estado después que las empresas han cumplido con todos los requerimientos que su propia legislación exige. A la vez, se ven fallos por parte de los operadores de justicia  en contra de las empresas, incluso cuando las mismas han excedido los requisitos legales, revirtiendo luego estos fallos meses después, creando un mayor nivel de conflictividad y frustración por parte de la población luego de haber hecho  a las empresas perder millones de dólares en ventas, pagar multas por incumplimiento de contratos  y sufrir muchas veces bajas en el precio de sus acciones.

Con todo esto, podemos asegurar que Guatemala es un país de lamentables contradicciones, exigimos menores precios de los productos pero hacemos todo lo posible para que dichos productos no sean producidos en Guatemala; queremos energía a bajo costo pero nos oponemos a los proyectos de generación de energía como lo son las hidroeléctricas, queremos tecnología de punta pero no permitimos la instalación de antenas o torres para su funcionamiento, exigimos fuentes de empleo pero no apoyamos a la inversión ni ofrecemos certeza jurídica para la Inversión Extranjera Directa, pedimos que haya inversión social pero obstaculizamos por distintas vías la operación de empresas que aportan millones en impuestos y regalías, exigimos igualdad de oportunidades de desarrollo para el interior de la república pero con todo esto, los condenamos a que su única herramienta de trabajo sea el azadón.  

Así pues, mientras esperemos que el Estado nos provea de todo y practiquemos la ley del mínimo esfuerzo, estamos condenados a vivir en el PIERDE-PIERDE, en donde no existirá ninguna estrategia de RSE ni proyecto político que nos permita salir de nuestro subdesarrollo auto infringido.

El sutil arte de reconocer el cómo y el qué se hace en las empresas

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) sin duda alguna es una estrategia de competitividad en el siglo XXI, la cual se basa en crear valor -tanto agregado como compartido-  a los productos y/o servicios que presta, así como genera empatía hacia la imagen de una empresa creando un vínculo más fuerte entre sus clientes, proveedores y colaboradores que resulta en ventajas comparativas y competitivas de cara al mercado.

Toda empresa que se considere exitosa debe de llegar a sus objetivos y metas para generar riqueza para sus accionistas, para sus proveedores y sus colaboradores. Esto es aplicable a todo sector (privado, público y organizaciones sin fines de lucro) y es una máxima inapelable, socialmente responsable y al final, con un fuerte impacto en el desarrollo de una sociedad. La diferencia entre las metas que buscan los diferentes sectores la podemos puntualizar en que la riqueza puede ser social, cultural, material y  en la que al final todos los esfuerzos redundan: la riqueza  económica, que facilita la libertad de poder contar con opciones a la sociedad para satisfacer las mismas necesidades que Maslow definió 75 años atrás, siendo en su orden: las fisiológicas, de seguridad, sociales, de afiliación, de reconocimiento y autorealización.

En el siglo pasado las empresas se enfocaron en el ¿Qué hacemos? Pasando desde Henry Ford y su famosa cita “Un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y cuando desee que sea negro”, hasta la incursión de la mercadotecnia donde con base científica se determina cuáles son las necesidades de los clientes, realizando investigaciones cuantitativas y cualitativas,  adaptando los productos y estrategias con base a la aplicación de las 4 P´s. (Precio, Producto, Plaza y Promoción).

En consecuencia a que legítimamente las empresas buscaron la generación de riqueza a toda costa, algunas antepusieron los intereses económicos a los sociales, buscando estrategias para reducir costos y aumentar sus utilidades aumentando también su participación en un mercado regularmente saturado; por ello olvidaron el ¿Cómo lo hacemos? buscando lagunas legales que permitieran generar utilidades, sin tomar en cuenta aspectos fundamentales tales como el cuidado del Medio Ambiente, Derechos de los Animales, Derechos Humanos de sus colaboradores y de las personas pertenecientes a las comunidades vecinas a su operación entre muchos aspectos más.

Esta situación ha derivado en que algunas industrias hayan caído en ilegalidades, las cuales han sido repudiadas tanto por sus propios consumidores, así como por los Estados y organizaciones en general. Como ejemplos se pueden citar las industrias manufactureras de calzado, poseedoras de  grandes marcas de reconocimiento mundial que han “esclavizado” a menores de edad en sus empresas, a las industrias de bebidas carbonatadas que han sido demandas por el uso irracional del agua, compañías financieras que han falseado sus reportes y han dejado sin patrimonio económico a miles de personas, empresas petroleras y mineras que no han respetado la legislación de los países y han contaminado fuentes de vida humana y silvestre hasta llegar a empresas de comida rápida, que ponen en riesgo a su colaboradores y a personas que se conducen en la calle con el fin que pueda llegar un pedido antes de 30 minutos. Ejemplos así existen miles, sin importar el tamaño ni el giro de negocio de la empresa.

“Hazte fama y échate a dormir”. No hay que dejar por un lado que existen muchas empresas responsables que brindan desarrollo a su público interno, grupos de interés y un país en general. Muchas de estas empresas tienen un desafío extra, ya que por la “fama” e irresponsabilidad de unos cuantos, la industria entera está satanizada. Hay industrias satanizadas que cuentan con  empresas altamente calificadas en sus estándares de calidad y reputación social, pero navegar con el lastre que otras empresas les han dejado, les hace muy difícil su operación continua. Por ejemplo, empresas que pertenecen al sector extractivo, las cuales específicamente en Latinoamérica han encontrado una fuerte oposición (algunas veces financiada por países que su principal fuente de ingresos, es la misma industria extractiva), al punto que sus propios legisladores han actuado en contra de su existencia, limitando a sus países a tener oportunidades de desarrollo comprobables. Ejemplo de ello podemos ver que  Colombia, El Salvador y Costa Rica han dado pasos en dirección a la prohibición legal de este tipo de industrias.

En el Siglo XXI, cuando las redes sociales convierten a cada persona y consumidor en un reportero, ambientalista, analista político y experto empresarial  en plena acción 24 horas al día, toda empresa debe de saber que el “simple” ¿Qué hacemos? no es suficiente. Se debe ser transparente y responsable en el “¿cómo lo hacemos?”. El mayor riesgo de las redes sociales y su rapidez con alto nivel de penetración es principalmente que cualquier persona puede opinar positiva o negativamente sobre un acontecimiento, dando juicios de valor cuando no siempre (de hecho, generalmente nunca) tiene toda la información y carece de experiencia y por ende propiedad en un tema específico.

Hoy en día, debido a la alta competencia, tanto los clientes como el mejor capital humano (potenciales colaboradores) se vuelven cada vez más exigentes, y lo que buscan ya no es solo el precio y la calidad, sino también, una buena atención, un trato personalizado (La 5ta P de la mercadotecnia del Siglo XXI), un ambiente agradable y sobre todo, un producto con reputación  social y producido bajo estándares de cuidado al Medio Ambiente

La RSE es la herramienta perfecta para que una empresa, sin importar su tamaño y giro de negocio, pueda ser transparente hacia sus stakeholders y competitiva al mismo tiempo. En términos de imagen, una empresa responsable es “sexy” para capital humano, proveedores y por supuesto, para sus clientes. La RSE y sus estrategias facilitan la relación con los grupos de interés y atención a su materialidad, respeta la legislación nacional e internacional, excede los estándares de seguridad en la operación y sobre todo, aporta a la cultura empresarial para que las empresas posean una actitud de respeto a las personas, comunidades y al Medio Ambiente, mientras simultáneamente y de manera consciente y voluntaria contribuyen a crear y mantener un mundo mejor en los diversos órdenes en los que se desempeña, como lo humano, lo social, lo económico y lo ambiental.

Así pues, es un hecho que la realidad actual es que aquellas empresas que trabajen su “¿Cómo lo hacemos?”  integrando adecuadamente la RSE en su estrategia y posteriormente en el nivel operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas que les facilite un mejor posicionamiento estratégico, un factor clave para el éxito.

 

La Licencia Social: Validación concluyente de la RSE

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se puede considerar como una estrategia corporativa, la cual se convierte en una ventaja con base en la generación de valor compartido para sus grupos de interés (stakeholders) incluidos los  accionistas por medio del manejo integrado de su impacto ambiental y social con el fin de convertir a las organizaciones en unidades más competitivas legitimando sus operaciones y aumentando y  fidelizando a sus clientes.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, un indicador vital del éxito en la implementación de la RSE es la consecución de la Licencia Social de una empresa. Esta licencia, que no es expedida por una institución gubernamental ni de la sociedad civil, no es un documento físico sino un constructo social; tampoco es un acuerdo escrito entre partes ni tiene fecha de expiración.

La Licencia Social puede ser definida como la aprobación y aceptación social continua, habitualmente intangible otorgada a un proyecto o empresa por sus grupos de interés, basadas en las relaciones dinámicas y positivas entre las partes; es decir, es el “permiso informal” que otorga una comunidad a una empresa para establecerse en sus inmediaciones.  Sin duda, el reto más importante para obtener y mantener esta licencia es la necesidad de trabajar con percepciones, las cuales regularmente son medidas por el nivel de legitimidad, confianza y credibilidad que los grupos de interés perciban hacia las operaciones de una empresa.

Una empresa puede cumplir  e incluso exceder todos los requisitos legales para su operación, pero sin una Licencia Social, puede ver interrumpidas sus labores y desacreditados todos sus productos y/o servicios al punto de quebrar o presentar serias dificultades para tener una operación continua. Es importante tener presente una condición que conocen bien muchas industrias, entre ellas petrolera, cementera, generadoras de energía, minas, entre otras y es que “No todo lo que es legal es legítimo”.

Cuando una empresa cumple con los requisitos de sostenibilidad en el mínimo, cuando no toma en cuenta la materialidad, cuando sus relaciones con la comunidad no son efectivas y sobre todo, cuando su área de comunicación no realiza su trabajo de manera eficiente,  sus stakeholders tarde o temprano lo perciben y las críticas negativas aparecen, situación que deriva en una baja considerable en el consumo de sus productos o en el peor de los casos, con manifestaciones de hecho (en muchos casos ilegales pero legítimas)  en contra de las instalaciones (propiedad privada) de dichas empresas que de hecho tienen potencial de brindar desarrollo a un área geográfica específica y hasta a un país si operan según lo planeado.  En este sentido, lamentablemente hay que tener presente el acecho que sufren algunos proyectos de desarrollo por parte de muchas organizaciones que viven del conflicto, el cual siembran de manera meticulosa y a veces imperceptible en un cultivo perfecto formado en poblaciones con pobres niveles de educación, nutrición y socioeconómicos en general, siendo estas características comunes de las áreas rurales de Latinoamérica.

Las “Consultas de buena fe”, siendo consultas comunitarias acerca de la aceptación de una empresa en un lugar, promovidas por organizaciones civiles y ejecutadas por líderes comunitarios; aun cuando en ocasiones se pueden citar como evidencia de que la Licencia Social no es otorgada por una comunidad a una empresa, es importante saber que en países como Guatemala, no son reconocidas como legales en toda su dimensión, y sus resultados no son considerados vinculantes.  Más allá de su legalidad, estas consultas procuran reivindicar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y autogobierno en la unidad del Estado, así como, el cuidado de la naturaleza de manera que se le incluya dentro del contrato social de la democracia participativa, y el respeto de los derechos colectivos.  De tal manera, las mismas tienen consecuencias serias tanto para el gobierno como para las empresas y la propia comunidad, ya que en muchos casos crean división entre los grupos de interés, críticas a las instituciones del Estado y rechazo a las empresas, situación que sin duda alguna, aleja la Inversión extranjera directa de los países receptores, perdiendo oportunidades latentes de desarrollo.

No existe ninguna fórmula única para que las empresas obtengan y conserven una Licencia Social;  no obstante, si son necesarios algunos principios para ello, entre los cuales está sin duda el establecimiento de buenas relaciones con todos sus stakeholders.  Las buenas relaciones tienen como base el respeto mutuo, la comunicación abierta, la inclusión de todos los involucrados, la honestidad, la divulgación total de información y la transparencia de los procesos de producción. Es  necesario que las empresas sean sensibles a las normas culturales del lugar, fijen expectativas realistas, sean consistentes y predecibles en su comportamiento ético, pero suficientemente flexibles, para satisfacer las necesidades de la comunidad e iniciar el proceso de involucramiento tan pronto como sea posible.

Así mismo, es fundamental la información simple, efectiva y oportuna a las comunidades sobre del alcance del proyecto y sus impactos (tanto negativos como positivos),  junto con el involucramiento de los stakeholders en las decisiones que los afectan, empoderándolos por medio de participación ciudadana que junto con las estrategias de inversión social promovidas por la RSE podrán aumentar la confianza, la credibilidad y la legitimidad de las operaciones de las empresas, convirtiéndolas en rentables, social y ambientalmente responsables y sobre todo, capaces de crear sinergia con instituciones locales de gobierno, con la sociedad civil y la comunidad que en conjunto mejorarán a la sociedad en donde opera la organización generando utilidades a sus accionistas de una manera sostenible.

Una vez más, se hace evidente que las estrategias de RSE van más allá de la filantropía y la concentración absoluta en la generación de utilidades; sino que estas estrategias permiten a las empresas e instituciones reducir los riesgos de crisis y la crítica pública y por ende la mala reputación, especialmente en entornos conflictivos o inestables. La RSE va de la mano de una  adecuada gestión de  impactos, permite a la empresa ser considerada por la sociedad como un factor de desarrollo, facilita a la comunidad a responder de manera positiva a la pregunta “¿Vamos a estar mejor o peor con la operación de la empresa?”, y sin duda alguna, previene a la empresa de tener problemas sociales que le eviten convertirse en  un vehículo de desarrollo y progreso para todos mientras opera para cumplir también su fin de generación de utilidades.

Y a pesar de todo… las relaciones con nuestras comunidades no mejoran

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en una estrategia empresarial que aporta a la competitividad de las compañías, esto tomando como base el firme cumplimiento de la ley e invirtiendo en el relacionamiento comunitario con los grupos de interés (stakeholders) que las empresas poseen, creando un vínculo con su comunidad, gobierno, proveedores, clientes, colaboradores y otros actores que tienen incidencia en las operaciones de la empresa. Parte del trabajo de la RSE consiste en aportar al desarrollo de sus stakeholders y dentro de esta estrategia, están las inversiones socialmente responsables que entre otros objetivos, está el aporte a la legitimidad de la operación de la empresa, mejorando su imagen corporativa así como las relaciones empresa-comunidad.

El término inversiones socialmente responsables ha tomado mayor importancia en los últimos años junto con el creciente interés en el desarrollo sostenible y la RSE.  En este sentido, para ser eficientes en la inversión de recursos de una empresa para un proyecto social, se  requiere de un conocimiento o una visión que relacione la labor de dicha organización con el desarrollo sostenible, de lo contrario, se corre el riesgo que en lugar de tener un impacto positivo con esta inversión, puede tener un reconocimiento nulo por parte de los stakeholders e inclusive, llegar a tener un impacto negativo. Por esa razón, las inversiones comunitarias deben de ser estratégicas y no discrecionales o clientelares.

Una inversión comunitaria estratégica es una inversión como cualquier otra que la empresa puede tener, por ello, el que no tenga los resultados esperados representa sin duda un gasto fuerte para las organizaciones.  Así pues, diferentes organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial por medio de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), han identificado que cuando esto sucede, muchos accionistas y/o gerentes pueden llegar a sacar conclusiones como las siguientes:

-          “Gastamos mucho dinero pero las relaciones con las comunidades no mejoran (y a veces incluso empeoran)”
-          “Nuestro programa de inversión comunitaria se ha convertido en una fuente de conflicto entre las comunidades”
-          “Los diferentes stakeholders dependen de nosotros”
-          “Los proyectos de infraestructura que hemos desarrollado se encuentran abandonados y sin uso”
-          “Hay innumerables solicitudes de las comunidades, ¿Cómo les podemos decir que no?”
-          “Nos movemos en muchas direcciones diferentes”
-          “Hemos tenido que asumir el rol del gobierno”
-          “Nuestro programa de inversión comunitaria tiene poco que ver con nuestra actividad principal”
-          “Estamos haciendo todas estas cosas por la comunidad, pero nadie nos da crédito”
-          “Al final, hemos obtenido pocos resultados, considerando todo los recursos que hemos gastado”

Por ello, han sugerido una ruta que consiste en una serie de “buenas prácticas” para la inversión comunitaria estratégica, las cuales no significan una “fórmula mágica” para el éxito de todos los proyectos, pero dan una visión de cómo promover el desarrollo local y beneficiar a los stakeholders principales, canalizando sus expectativas y ayudando a las compañías a obtener una licencia social para operar, a tener acceso a determinado territorio, a reducir los riesgos del proyecto y los riesgos de la reputación, cumpliendo con requisitos de gobierno o estándares internacionales.

De tal manera, estas buenas prácticas recomiendan que con el fin de mejorar las relaciones de una empresa con sus stakeholders por medio de una inversión socialmente responsable y efectiva, la inversión comunitaria estratégica debe en sus cimientos ser:

-          Estratégica: Con objetivos, recursos y metas bien definidas
-          Alineada: A las comunidades de interés, gobierno y sociedad civil creando “valor compartido”
-          Orientada a múltiples actores claves: Empoderando a la población que debe promover su propio desarrollo sin responsabilizar del mismo a las empresas, así como a los gobiernos locales quienes  definirán el logro de sus metas y aspiraciones de desarrollo, a través de procesos participativos de planificación y de toma de decisiones.
-          Sostenible: Evitando la dependencia a la empresa, incentivando la autonomía local y creando beneficios a largo plazo que perduren una vez que concluya el apoyo de la empresa.  El proyecto de inversión no debe iniciar sus actividades sin contar con una estrategia viable de salida o transferencia y debe priorizar sus objetivos en el desarrollo de capacidades, en procesos participativos y en el desarrollo organizacional.
-          Medible: Debe medir los beneficios de la inversión en la comunidad utilizando indicadores de resultado y de impacto, usando métodos participativos de evaluación y monitoreo apoyados en el “valor compartido” y así, comunicar proactivamente el valor que genera la inversión comunitaria a los públicos internos y externos de la empresa.

Cuando una empresa ha definido su argumento estratégico, su visión y misión, así como las competencias y los recursos que puede ofrecer para apoyar el desarrollo comunitario, el siguiente paso es entender el contexto local al que está entrando y las implicaciones para la inversión en la comunidad. Existen  múltiples variables que se necesitan comprender antes  que una empresa se comprometa con los actores locales en la inversión en la comunidad; estas pueden variar desde los legados históricos, situación de conflictos, élites en el poder, cuestiones relacionadas a temas de género, al buen gobierno local o la disponibilidad de socios locales capacitados.

La identificación de los principales stakeholders asegura que la inversión comunitaria sea estratégica y ayudará a la empresa a responder a los riesgos sociales específicos del lugar, al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades para tener un impacto positivo en sus áreas de operación.

Por otro lado, las necesidades de proyectos de inversión estratégica en las comunidades pueden ser diversas y en algunas ocasiones al ojo de los inversionistas, obvias. Sin embargo, por obvio que pueda parecer, la manera de gestionarlo es la parte medular de esta inversión. Podemos sacar conclusiones que construyendo o remodelando escuelas vamos a ayudar a la educación, construyendo y/o equipando un hospital vamos a ayudar a la salud, pero existen aristas que podrían hacer que la inversión no dé los frutos esperados. Por ejemplo, si construimos un hospital, ¿Quién será el encargado de proveer el equipo y sus costos de operación? Si será un hospital nacional, ¿El gobierno asignará recursos para su operación? Si es privado, ¿Hasta cuándo asumirá la empresa inversora los costos de operación?

La participación ciudadana y el fortalecimiento del capital social es clave para el éxito de una inversión comunitaria estratégica, por lo que es fundamental que la empresa brinde apoyo y facilite un proceso de planificación de la comunidad. Esta planificación es un medio para unir a las personas para que definan una visión colectiva y se pongan de acuerdo sobre un conjunto de áreas o intervenciones prioritarias, las cuales se convertirán en su plan de acción para el desarrollo. Los procesos participativos son una de las mejores maneras para lograr la intervención y apropiación de los actores clave; estos procesos pueden contribuir a lo largo de todo el ciclo de la inversión comunitaria: desde la planificación, evaluación, visión y establecimiento de prioridades hasta el diseño, implementación y supervisión del proyecto.

Es importante enfocarse en la calidad de dicha participación, ya que ayuda a sentar las bases de respeto mutuo y la confianza que influirá en todos los aspectos de las relaciones futuras entre empresa y comunidad, incluyendo la inversión comunitaria. La apropiación del proyecto por parte de la comunidad es fundamental, ya que si no hay un reconocimiento y sentido de pertenencia del proyecto por parte de la comunidad, se corre el peligro de construir “elefantes blancos” que en muchas ocasiones, se quedan como un monumento a la imposición de las empresas y son incluso focos de conflictividad. Así pues, una participación ciudadana mal manejada puede significar “darse un tiro en la propia pierna” para quien promueve un proyecto comunitario.

Por su parte, el desarrollo se puede definir con base en la suma de esfuerzos para fortalecer el capital social y el capital humano, comprendiendo que el capital social lo conforma la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y las instituciones de gobierno que en conjunto buscan un fin en común, que es el desarrollo de una comunidad en un área geográfica específica.

En este sentido, desarrollar capital humano y social es básico para la inversión comunitaria estratégica porque aprovecha y multiplica el impacto de los recursos de la inversión fortaleciendo a las organizaciones locales aliadas, promoviendo la autosuficiencia y aumentando la probabilidad de éxito del proyecto.

Así pues, invertir en capital humano es básico a su vez para la inversión comunitaria estratégica; es importante comprender que desarrollar capacidades puede significar una estrategia de sostenibilidad y de salida unidas en una misma. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  “el fortalecimiento de capacidades es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”. Dichas capacidades pueden ser técnicas, funcionales o de comportamiento, pueden pasar de generación en generación, creando una cultura definida y significando conocimientos que contribuyan a los medios de subsistencia familiar digna de una comunidad, la cual cada vez dependerá menos de ayudas filantrópicas de gobierno o de las empresas.

De tal manera, podemos afirmar que la manera más eficaz de hacer una inversión socialmente responsable exitosa es por medio del establecimiento previo de presupuestos, objetivos claros y estrategias de salida; todo esto contando con la participación ciudadana adecuada, quienes apoyarán en el establecimiento de las necesidades más urgentes de la comunidad, interviniendo las instituciones de gobierno, ONG´s y empresas en un claro ejercicio ciudadano de “valor compartido” que empodere a las comunidades apropiándose del proyecto y ayudando a las necesidades materiales de la población, constituyendo una oportunidad de legitimización de las empresas en sus áreas de interés.